Uñac y autoridades judiciales dieron luz verde al funcionamiento de un centro de resguardo de menores en conflicto con la ley

El Centro de Admisión y Derivación sustituirá a la Comisaría del Menor de la Policía de San Juan y garantizará los derechos de niños y adolescentes en situaciones delictuales.

El gobernador Sergio Uñac firmó en Casa de Gobierno un acta con funcionarios del Poder Judicial para coordinar y fortalecer acciones para atender la situación de los menores cuyas conductas se encuadran en la Ley Penal Juvenil y bajo la jurisdicción del Fuero Penal de Niñez y Adolescencia.

En el acto estuvieron, además del gobernador, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay; el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; el director de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Sepúlveda; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis; el secretario General de la Corte de Justicia, Javier Vera y la jueza de menores María Julia Camus.

Asumiendo la necesidad de dotar a la Provincia de una dependencia de seguridad especial que pueda alojar adecuadamente a estos niños, niñas y adolescentes hasta tanto se adopten las medidas judiciales, el Ejecutivo, a través de la gestión del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social construyó un establecimiento que sustituye a la tradicional dependen policial del Menor, la que opera bajo estándares modernos enmarcados los tratados internacionales y normas constitucionales, así como de orden nacional y local.

Este modelo de establecimiento denominado Centro de Admisión Derivación (CAD) promueve la actividad coordinada entre los poderes Judicial y Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Humano (Direccione de Niñez, Adolescencia y Familia y Abordaje Integral de las Adicciones), Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público (Policía de San Juan) y el Ministerio de Salud Pública, con equipo interdisciplinario que permite la admisión y derivación del menor infractor, en un plazo no mayor a 24 horas, en condiciones de garantizar y preservar los derechos amparados por la normativa especial.

El nuevo modelo de organismo garantiza el pleno respeto al derecho a la dignidad y a la integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de las intervenciones policiales.

En este sentido, interviene un equipo interdisciplinario integrado por psicólogo, trabajador social, psiquiatra, médico legista, operadores administrativos y de maestranza, así como de la seguridad, quienes deben actuar bajo un de terminado protocolo.

Con respecto al acuerdo, Sepúlveda detalló que “es algo que se viene trabajando ya desde hace mucho. Se acondicionó un espacio en el Hogar Paula, donde va a funcionar. Se han estado formando los equipos, técnicos, operadores. Es un convenio que también tiene consigo un protocolo de actuación, que es para el Centro de Admisión y Derivación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y donde van a participar también otros ministerios y direcciones para hacer un abordaje integral de las adolescencias y la posterior derivación en caso que sea necesario”.

Continuando con su explicación, el funcionario agregó que era necesario crear un espacio especializado para el abordaje de estos menores, que terminaban llegando a una comisaría, o se producía una rápida salida sin poder tener una noción clara de la situación del adolescente, qué conflictos tenía, familiares o sociales. “De tal manera, una vez que sea aprehendido, será derivado a ese centro, donde no deberá estar más de 24 horas; que se haga abordaje por equipos de profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, antes algún tipo de intervención de salud pública. Con esa acción, el equipo interdisciplinario de profesionales, determinará cuál es la situación, comunicará al juzgado y éste definirá cuál es el paso siguiente para el adolescente. Puede ser, quizás, la intervención de algún otro programa de la dirección, el ingreso con los padres o a alguna institución, por ejemplo, el Nazario Benavídez, todo eso se va a determinar ahí”.

Sobre el resguardo de los derechos, Sepúlveda agregó que “con los protocolos establecidos, se resguardarán los derechos de los menores. Luego, una vez que toma intervención el CAD se hace un informe y el juzgado toma la medida que cree conveniente. Puede ser el ingreso con los padres, entonces ahí se hace un cierre del caso y bueno, lo que permite esto es que si el chico vuelve a tener alguna situación delictiva, ya haya una base de datos que permita un seguimiento del menor, quizás en el ámbito de su familia”.

Finalmente, en cuanto al aumento de la minoridad con conflictos con la ley en San Juan, el funcionario sumó que “la problemática más o menos a nivel nacional se mantiene, si hay algún problema mayor es más que nada porque vienen con algún tipo de problema de consumo, eso sí, pero más o menos las estadísticas se mantienen bastante parejas”.

Por otra parte, desde el momento de la aprehensión de la persona menor de edad, rige un marco normativo internacional, nacional y local en la materia.

Toda norma reglamentaria y complementaria que se dicte debe compatibilizar con medidas progresivas en materia de derechos humanos para la infancia y la adolescencia.

La Normativa Internacional incluye la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Menores Privados de la Libertad y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de la Libertad, entre otras.

Normativa Nacional comprende Ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061,

Declaración del Consejo Federal de Derechos Humanos N°6/18, Mayo 2018, Acta Compromiso del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, mientras que la Provincial: Leyes provinciales de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y de Responsabilidad Penal Juvenil. Ley N° 727 -C Protección Integral de la Provincia De San Juan, Régimen Penal de la Minoridad, Ley 754-0-, Convenio entre el Poder Ejecutivo de San Juan y el Poder Judicial de San Juan para la implementación del CAD.

Más sobre el CAD

El presente protocolo se enmarca en el Acta Compromiso «Para asegurar las bases del principio de especialidad en los primeros momentos de detención» celebrada en el año 2016 en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y suscripta por la Provincia de San Juan.

Dicho documento instituye el compromiso de las jurisdicciones provinciales de avanzar conforme a las particularidades de los procesos de cada jurisdicción, en la superación definitiva de establecimientos de alojamiento de adolescentes infractores o presuntos infractores bajo la gestión de áreas no especializadas.

Integra asimismo el marco normativo, la Ley Nacional N° 26.061, que recepta el principio de separación de ámbitos de aplicación de medidas protectivas y penales, que promueve el proceso de adecuación en materia penal Juvenil ubicando responsabilidades políticas y nuevas prácticas institucionales en el Poder Ejecutivo.

En éste contexto, el Gobierno de San Juan, a través de la articulación de los poderes Ejecutivo y Judicial, afianza un sistema penal juvenil bajo el amparo de los derechos humanos en general y de los derechos de los adolescentes en particular, sumando además las reformas normativas que resulten oportunas, herramientas institucionales y comunitarias, en las prácticas cotidianas.

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